Sí Podemos Canarias defiende los derechos fundamentales ante el rastreo móvil de la ciudadanía tinerfeña afectada por el COVID-19
· María José Belda defiende que “los derechos fundamentales de las personas deben ser respetados de acuerdo con las garantías legales”.
El grupo Sí Podemos Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife, a través de la consejera y portavoz María José Belda, ha hecho una defensa de los derechos fundamentales de las personas tras conocer que Tenerife será la primera isla del Archipiélago en implantar el proyecto DATALAI. Con esta medida, la Corporación insular realizará, en coordinación con el Gobierno de Canarias, un seguimiento en tiempo real de los desplazamientos en las empresas de transporte público del Cabildo que realice la población que haya dado positivo por COVID-19 durante la emergencia sanitaria.
Ante este proyecto, por el que Titsa y Metropolitano cederán datos al Cabildo, y este a su vez al Servicio Canario de Salud, Belda se plantea “si el Cabildo ha sopesado debidamente la vulneración de los derechos fundamentales que este proyecto puede suponer, puesto que estamos hablando del tratamiento y cesión de informaciones sanitarias, que afectan a la esfera de la intimidad de las personas, por lo que debería contar con todas las garantías legales”. La consejera insular declara que “si bien se ha anunciado en medios de comunicación el respeto y cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantías Digitales, insistimos en nuestra inquietud ante esta medida, puesto que los derechos fundamentales de las personas nunca deben ser vulnerados por ningún tipo de situación”.
En este sentido, Belda argumenta que este rastreo a la ciudadanía que ha padecido el coronavirus “afecta directamente al derecho fundamental a la intimidad personal, recogido en el artículo 18 de la Constitución Española”.
En relación con la metodología a seguir por el Cabildo y las empresas públicas, Belda cuestiona “dónde está publicada la actividad de tratamiento de datos personales que manejan Titsa y Metrotenerife por un lado, y Cabildo por otro, ya que este seguimiento se realizará cotejando los datos de las viajeras y viajeros que utilizan el transporte público”. Al respecto, la consejera defiende que “en base al Reglamento UE 679/2016, General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en mayo de 2018, el órgano responsable del tratamiento de la información –en este caso, Titsa y Metrotenerife-, en el registro de los datos, debe aprobar un catálogo de las actividades de tratamiento de los datos personales que realiza, donde se contenga la finalidad del tratamiento de los mismos; la posible cesión de la información y posibles destinatarios; las medidas de seguridad; y los datos de contacto del delegado de protección de datos, entre otros aspectos”.
Por ello, Belda sostiene que “tal y como establece la Ley de Transparencia estatal, el Cabildo debería hacer público su inventario de actividades de tratamiento de datos personales, pero por lo que se observa en su web, no se encuentra esta información ni la de Titsa o Metrotenerife”. “Es una obligación que esta información sea aprobada y publicada, conteniendo la información relativa a las características de dicho tratamiento, los derechos de las personas dueñas de esos datos y cómo ejercerlos”.
María José Belda se cuestiona si “Titsa y Metrotenerife han solicitado el consentimiento a las personas titulares de los datos personales que se van a manejar para el rastreo, o si se ha informado a las afectadas que puede haber una cesión de datos a otros organismos y entidades, en este caso Cabildo y el Servicio Canario de Salud”.
La consejera insular de Sí Podemos Canarias alerta del “peligro que supone para la ciudadanía que vivimos en Tenerife la vulneración de los derechos fundamentales con este rastreo, pues puede suponer una forma de categorizar y estigmatizar a las personas en base a sus datos sanitarios e información íntima y personal, lo que conllevaría a un retroceso en los derechos sociales ganados hoy en día, después de siglos de lucha”.