El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias
El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias
- El respeto a la dignidad de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, mayores o menores, ha hecho necesario ampliar su ámbito de actuación
- Ha establecido también una línea específica de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y ofrecer una mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes
- También se han mantenido contactos con ACNUR para mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con los migrantes se produzca de la forma adecuada
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario gasta 25 millones de euros al año -medio millón a la semana- en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en el archipiélago, según ha explicado este miércoles en el Parlamento de Canarias su titular, Julio Pérez, al ser preguntado por la diputada del PSOE Matilde Fleitas sobre el proyecto piloto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para facilitar a las personas migrantes el acceso a la debida asistencia letrada
Julio Pérez ha señalado que, aunque todos somos conscientes de los problemas que causa a Canarias la inmigración ilegal, la gestión de los menores no acompañados y la necesidad de organizar derivaciones hacia la Península y, en su caso, repatriaciones, eso no releva a las islas de la necesidad de respetar la dignidad de las personas migrantes y de proporcionar mecanismos para que sea respetada. Uno de esos mecanismos, ha dicho, es la asistencia jurídica, cuyo ámbito ha sido necesario ampliar, desde hace años, para que llegara a los inmigrantes, con independencia de si eran legales o ilegales, menores o mayores
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que las islas cuentan con un buen servicio de asistencia jurídica gratuita, que se ha intentado mejorar, reduciendo, por ejemplo, el número máximo de intervenciones con inmigrantes por letrado, lo que ha provocado algún conflicto, que aún persiste, con los colegios de abogados, debido, fundamentalmente a las retribuciones.
Además, ha dicho, se ha establecido también una línea de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y puedan ofrecer una asistencia de mayor calidad a las personas migrantes, de manera particular aquellas que están ingresadas en centros penitenciarios, de internamiento o de atención temporal. Se trata, según ha advertido Julio Pérez, de que los letrados puedan prestar un servicio de orientación para que estas personas puedan ejercitar sus derechos, ya que se había observado que no lo hacían por desconocimiento, sobre todo el derecho a solicitar la condición de refugiado.
En la misma línea de respetar su dignidad y velar por sus derechos, ha apuntado que también se han establecido contactos con la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con las personas migrantes se produzca de forma más adecuada, ya que la lengua en la que hablan no siempre es el francés o lenguas árabes, sino otras lenguas.