La gran sublevación de 1762 contra El Conde de La Gomera

Casa De Los Condes De La Gomera en Garachico (Tenerife). Mientras el pueblo gomero sufría grandes necesidades económicas, los condes de La Gomera vivían en la suntuosidad y la riqueza.

Las tensiones que cada día se fraguaban en el seno de la sociedad gomera estaban abocadas a explosiones violentas en situaciones coyunturales que habían de tomar conciencia a la totalidad del cuerpo social de la necesidad de una transformación. La emigración se con­vertirá en la forma de protesta silenciosa y desgarrada, y la isla pa­sará a ser exportadora de mano de obra joven para las colonias ame­ricanas, de entusiastas repobladores deseosos de crear una nueva so­ciedad bien diferente de aquella que habían dejado atrás. La emigra­ción será el elemento de distensión que equilibrará la diferencia entre recursos disponibles y aumento demográfico.

Los conflictos internacionales también tendrán su repercusión en La Gomera, como nos lo demuestra la coincidencia de sublevaciones y guerras entre España y los países europeos.

En la guerra Anglo-Española desarrollada entre 1739 y 1748, se conoce la primera fuerza de oposición al régimen señorial durante el siglo XVIII. Los problemas de nombramiento de alcaldes, la admi­nistración de justicia, los repartimientos de tierra, los quintos, etc., llevan en 1742 a que algunos vecinos solicitasen de don Fernando del Castillo, presbítero, para que como personero de la isla pidiese al gobernador de las armas que expidiese una circular a todos los o pre­lados párrocos, preladas religiosos y oficiales militares» a que se jun­tasen en la Villa Capital donde se celebraría una reunión general para tratar asuntos de gran importancia para la isla.

El relato que hasta el momento hemos encontrado de este motín es muy reducido, y ge­neralmente son referencias indirectas realizadas en las narraciones de la sublevación de 1762. Lo más interesante que nos aportan esas noticias es las interrelaciones familiares y sociales que existen entre la incipiente burguesía gomera del momento. Los dirigentes del motín son un grupo de familias que gozan de la preponderancia socio-econó­mica, política, militar y religiosa, como queda demostrado en la siguiente lista de firmantes en la petición de un Cabildo General: don José Fernández, cura de Chipude; don Diego Alvares Salazar, don Pedro Rodríguez Salazar, su hijo, principal cabeza del tumulto de 1762, sobrino de don Diego Alvarez, vicario de la isla, y tío de don Folicarpo, don Diego y don José Marcos Dávila; don Agustín Alvarez y Salazar, hijo de don Diego y hermano de don Pedro Salazar; don losé Fernández, padre de don José Fernández, cura de Chi­pude, del capitán Vicente Fernández y del ayudante Jorge Fernández, cabezas del motín de 1762, y primos de don Pedro Rodríguez de Sa­lazar; Benito Domingo de Mora, padre de fray Juan de Mora, do­minico, y del capitán don José de Mora, primos de los Fernández, Diego Padilla, hermano de Juan de Padilla, escribano público, y tío de don Antonio Agustín Padilla, otra de las cabezas del motín del 62, don Antonio Alvarez, primo de los Salazar, y Francisco Morales. La administración señorial les acusa de tener un cierto «pacto de fami­lia», y que como por derecho de sangre pasa de unos a otros el espí­ritu de la rebelión.

El objetivo del tumulto estaba en la derogación del régimen seño­rial y la entrega de la isla a la Corona, librándose así de las cargas señoriales, además de la posibilidad de poner en explotación los mon­tes con !o que se acrecentarían las áreas de cultivo, aumentando la productividad y la consiguiente acumulación de excedentes para la exportación que reportarían amplios beneficios al acogerse a los au­mentos en el precio de los cereales. El aumento de la productividad llevaría aparejado el crecimiento de los diezmos, con lo que se ponía una masa mayor de productos en circulación de mercado.

Sin embargo, la sublevación de 1744 va a ser rápidamente abor­tada por el Comandante General don José de Lima Masones, quien destacó al mayor don Jacinto Carballo para que tomase el comando de las armas de la isla y la pusiese en sosiego “. Órdenes rápidamen­te cumplidas, que devuelven la paz a la isla, y el gobierno a sus se­ñores.

Los problemas que habían quedado acallados por la fuerza en 1744 salen a la superficie en 1762 mientras España se debatía en los conflictos originados con ocasión de la guerra de Los Siete Años.

La política hacendística de Carlos III y su ministro Esquilache introducirá un motivo más de descontento en todas las islas, en espe­cial con la llegada del nuevo administrador general de rentas, almojarifazgos, tercias y orchillas, don Isidro Narváez y Vivero, en la prima­vera de 1761 como nos manifiesta Viera y Clavijo:

“…que revestido del más excesivo celo, se daba prisa en ponerlo todo en opresión. Alterase la tarifa para los aforos. Establécense nuevas recias para los comisos. Descicedese hasta las más extrañas minucias… Nótase en todos los ramos una austeridad, un rigor y una suma justicia, de que no son capaces los hombres n¡ el comercio, el cual padeció por ello graves quebrantos. Quéjanse sucesivamente los mercaderes, los cónsules, los dueños de navios…”.

La primera protesta por la implantación de aduana real en La Go­mera se produjo con el cobro de derechos en la introducción de una partida de sal procedente de Lanzarote. Recurre el conde por lo que considera una intromisión real en sus derechos jurisdiccionales, y alega que nunca se había cobrado derecho alguno por la Real Ha­cienda. Pero ésta no era la primera vez, que se imponían aduanas reales en La Gomera: 1718 fue la primera vez que se estableció un proyecto del intendente Cevallos. La actitud de los gomeros fue de rechazo al nuevo derecho, y solicitud para que se les mantuviese en las prerrogativas señoriaes. Ahora, ante el mismo hecho, la actitud será diferente: suplican se les mantengan los derechos reales y se supriman los señoriales, intentando valerse de los intereses de la Real Hacienda para lograr su incorporación a la Corona.

La clase dirigente, el campesinado y el proletariado hacen causa común al ver llegado el momento propicio para solucionar su depen­dencia del régimen señorial. Contaban con la certeza de un apoyo exterior y oficial proveniente del propio Narváez, administrador de rentas, de quien se decía había ofrecido tres mil pesos para mantener la isla en armas, según declaración del capitán don Francisco Trujillo cuando afirma sabe cierto el capitán don Pedro de Salazar tenía orden de apreciar la isla para que la Corona decidiera su compra, y que el dicho Narváez le había ofrecido dicha cantidad.

Desde el mes de julio de 1762 comienzan las reuniones en con­ventos, casas particulares, sacristías, etc., para estudiar las acciones y planes, así como la discusión de los puntos esenciales que se debían exponer al rey en súplica de la abolición de la jurisdicción señorial.

El acuerdo general adoptado por todos era la concurrencia a la Villa de San Sebastián para la reunión de un Cabildo General, ex­cepto Vallehermoso, reducto defensor de los derechos señoriales es­timulados por el caciquismo de la familia Manrique de Lara, muy adeptos a la casa condal a lo largo de muchas generaciones. Incluso el administrador del conde don Miguel de Echeverría estaba casado con un miembro de aquella familia.

Al malestar general había contribuido de forma destacada el aban­dono de la administración de justicia que tenía a su cargo el alcalde mayor don Andrés Fernández Acevedo, quien por ese motivo recibe una carta de amonestación de don Domingo José de Herrera:

“…tengo entendido que V.M.. en tiempo tan calamitoso como el presente, tiene abandonada su obligación, en no asistir a !a administra­ción de justicia de esta Villa, dando lugar con su desidia y descuido para que las cosas no vayan con aquella rectitud que se debe, de que se originan pésimas consecuencias y de que Vd. debe ser responsa­ble”.

La mala calidad de la justicia señorial se convierte en uno de los más frecuentes motivos de queja de los pueblos sometidos a ese régimen, como claramente expone Domínguez Ortiz.

A todo ello es necesario añadir la dura crisis de subsistencia que pasan las islas en 1762, viéndose en la necesidad de recurrir al rey en súplica de que no se embargasen las embarcaciones inglesas surtas en puerto, pues ellas habían conducido las primeras partidas de gra­nos que se compraban en el Norte con caudal del pósito. La respuesta es una comunicación de Ricardo Wall, secretario de Estado, notifican­do la orden real de comprar 6.000 fanegas de trigo para enviar a Ca­narias en calidad de socorro.

En la primera quincena de septiembre se reunieron en la playa de Santa Catalina de Hermigua los maestres de barcos, clérigos, religio­sos dominicos, algunos regidores, capitanes y hombres del común pa­ra acordar la fecha del inicio de la sublevación. Se determina que el comienzo lo marcará la voz del cañón de la Villa, a cuya señal inme­diatamente bajarían todos los habitantes a San Sebastián para cele­brar un Cabildo multitudinario.

Ante el estado de animadversión hacia el conde y todo lo que re­presentase su poder, el administrador don Miguel de Echeverría se retira a su casa de Vallehermoso custodiado por veinte soldados; pero ante la inseguridad que también allí le dominaba, huyó clan­destinamente a Tenerife embarcándose en una lancha por la playa de Valle Gran Rey, con lo cual se libra de una muerte segura porque en el ánimo de los amotinados estaba el matarle allí donde le encon­trasen.

 Después de una serie de algaradas con toque de tambores, ex­pulsiones de la Villa, intimidaciones a los defensores del conde, etc., el 21 de septiembre se reunió el Cabildo General con la asistencia de los regidores, alcaldes pedáneos, curas, frailes, milicianos y dos veci­nos por cada pueblo.

Los trabajos de esta primera reunión se cen­traron en la redacción de los motivos del motín; el resultado fue la exposición de dieciséis agravios que consideraban inaceptables:

1. por la indefensa que los señores mantienen la isla; 2. la pesada car­ga de los quintos; 3. el elevado aforo que cobran en la aduana por las sedas; 4.el riguroso cobro de los derechos en la aduana por cualquier producto traído por los vecinos para uso particular; 5. por lo alejado que se encuentra la aduana del puerto; 6. la prohibición a los barcos de pesca de salir a la mar durante la noche con lo que se ocasionan graves perjuicios; 7. la falta de propios que tiene la isla; 8. por el cobro de derechos en las exportaciones de caldos; 9. el bajo precio a que el señor compra la orchilla; 10. porque mu­chas aguas están atributadas; 11. los vecinos pagan a su costa las velas de noche y día; 12. las obligaciones señoriales a los vecinos en trincheras y faginas; 13. porque siendo los montes comunes, los señores los arriendan como propios; 14. porque siendo Gomera y Hierro de un mismo señor aquélla paga derechos de entrada en la aduana y ésta no; 15. la mala administración de justicia, y 16. por las excesivas cargas de censos y tributos que pesan sobre las tierras. La exposición de agravios acaba con la petición de que se les dé a todos por libres del vasallaje señorial, declarándose a favor del rey, a quien solicitan les agregue «al patrimonio de su Real Corona», y suplican se digne admitirles a todos por sus fieles vasallos.

En la reunión del día 22 lo más importante que se trata es la oposición a cualquier arresto que se produjese, y la declaración de los montes como «legios reales».

Los gomeros habían creído que su incorporación a la Corona sería rápida y sencilla, pensaban que sólo bastaba gritar «¡viva el rey, abajo e! conde!», como había manifestado el escribano Juan Padilla cuando contaba que él había contemplado en muchos pueblos de se­ñorío de España con gritar ¡viva el rey! cambiaban de jurisdicción.

Pero se les escapaba la estrechez del marco jurídico con que con­taba Carlos III para efectuar su programa incorporacionista de los lugares, villas y ciudades de señorío, legales exclusivamente para los señoríos de origen enriqueño. Y como el caso de La Gomera no se podía acoger al referido marco jurídico, después de un largo proceso se le confirma al conde sus derechos, si bien es verdad que en ningún momento dejó de ejercer su jurisdicción. Las represalias del conde van dirigidas a dar un ejemplar castigo a los principales cabezas para que sirviese de escarmiento general. Le propone al Comandante Ge­neral el destierro de los militares a los presidios de Africa, y al resto el destierro por varios años a distintos lugares del Archipiélago. Para ese duro plan de represión se basaba en lo peligroso de la actitud y deseo de algunos gomeros de entregarse a la Corona Inglesa estando España en guerra, por lo que podían haber recibido ayuda con graves consecuencias para el resto de las islas.

Al ver fracasada la sublevación que con tanto cuidado habían preparado, el 17 de octubre se vuelve a reunir el Cabildo para supli­car un perdón general del conde, y solicitar la vuelta a la isla del ad­ministrador don Miguel de Echeverría.

Todos estos abatares impedirán el desarrollo de la isla y la some­terán a un estado de estancamiento continuado que marcará su subdesarrollo e influirá en la estructura de la población.

Autor: Germán Hernández Rodríguez. Extraído del IV Coloquio De Historia Canario-Americana

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