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Sí se puede en Valle Gran Rey propone al pleno debatir desde los municipios el anteproyecto de la Ley canaria de Servicios Sociales

La organización ecosocialista promueve mociones en distintos ayuntamientos de las Islas para impulsar un debate local sobre la iniciativa legislativa del Gobierno de Canarias

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Andrea Witt. (F/ Prensa - Ssp)
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Sí se puede promueve cambios en el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias y, con este fin, ha presentado una moción en Valle Gran Rey para impulsar un debate local sobre esta iniciativa legislativa del Gobierno de Canarias con la que prevé derogar la vigente Ley 9/1987 de 28 de abril.

“Es importante que la nueva norma sea un instrumento para desarrollar y consolidar un sistema que garantice los derechos de toda la ciudadanía frente a la precariedad en que se encuentra actualmente”, manifiesta la portavoz de Sí se puede en Valle Gran Rey, Andrea Witt.

Para la portavoz, “la ley que se va a derogar representó un avance en su momento, aunque, al no contar con el desarrollo reglamentario correspondiente, dejó situada a Canarias en los últimos puestos en Servicios Sociales del Estado”.

Sí se puede considera que el anteproyecto “contiene errores conceptuales, es ambiguo, contradictorio y deja demasiados aspectos en el aire”, apunta el texto base de la moción que presentan los grupos municipales ecosocialistas en los ayuntamientos donde están presentes. El objetivo esencial de los contenidos que plantea la organización ecosocialista es “dejar meridianamente claro que los Servicios Sociales van a tener un carácter público, universal y gratuito”.

Como exigencias al Gobierno y al Parlamento de Canarias, la moción plantea que la Ley de Servicios Sociales incluya la obligatoriedad de prestar los servicios básicos directamente desde el sector público y que se garantice su financiación; así como la definición de la Cartera de Servicios en el plazo de un año tras la aprobación de la ley, y que cuente con una ficha financiera que garantice los servicios.

Otro punto esencial consiste en garantizar el acceso universal como uno de los principios orientadores de la ley y del sistema de Servicios Sociales. Por tanto, el acceso a los servicios no debe estar sujeto a participación económica de los/las usuarios/as, lo que elimina el copago de los servicios por parte de la ciudadanía.

“También llamamos la atención para que se garantice una ratio mínima de una/un profesional en la que se tengan en cuenta las especiales características de La Gomera en referencia a los Servicios Sociales comunitarios o de Atención Primaria. La población dispersa, en pequeños núcleos de población alejados de los centros administrativos, con altos grados de envejecimiento y que sufre un déficit histórico de recursos sociales, factores que caracterizan a nuestra isla y a otros territorios canarios necesitan ser considerados” insiste Witt.

La propuesta contempla también que se dote a todo el Estado de un marco único en el que se introduzca el derecho a los Servicios Sociales como derecho subjetivo en una futura reforma constitucional. Igualmente, como actuaciones de ámbito estatal, se plantea que los ayuntamientos insten al gobierno central a derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, “como vía necesaria para poder cumplir los compromisos de cumplimiento de derechos que adquiere la Ley Canaria de Servicios Sociales”, además de cambiar el artículo 135 de la Constitución, que antepone el pago de la deuda a bancos y empresa privadas a las necesidades de la ciudadanía, en una futura reforma constitucional.

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