El Gobierno canario destina 3,3 millones para la realización de las elecciones autonómicas

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aumentar en 1.279.368,40 euros el gasto específico para la contratación del escrutinio del proceso electoral previsto para las elecciones autonómicas previstas para el 26 de mayo de este año. Este concepto se incrementa así hasta los 2,1 millones desde la cantidad establecida a este mismo fin en el proceso celebrado en 2015, de 845.000 euros, lo que supone una partida global de 3.362.878,4 euros destinada al proceso electoral en 2019 en sus distintos conceptos.

En relación con ese aumento, el consejero José Miguel Barragán explicó que, en esta ocasión, y a diferencia de los últimos procesos electorales realizados, el Ejecutivo estatal optó por celebrar un acuerdo marco de cara a los próximos comicios autonómicos en el que se no incluyó a las comunidades autónomas, obligando así a que cada una de las que concurren a esta cita electoral licite la contratación del escrutinio por su cuenta.

Ante esta situación, y en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, el Gobierno canario ha estimado necesario sacar a licitación dicho contrato mediante el procedimiento abierto por ser el que mejor que garantiza los principios de transparencia, proporcionalidad, relación con el objeto contractual y máxima concurrencia.

En pasadas citas electorales, el Estado había compartido con las comunidades autónomas las infraestructuras y otros elementos necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión del escrutinio provisional de resultados, lo que se había traducido en un importante ahorro de costes entre ambas administraciones.

En todo caso, Barragán aclaró que la previsión presupuestaria no tiene por qué coincidir con el gasto real al tratarse de un tope que podría no agotarse por completo.

Esto es así porque en el caso de que la empresa ganadora de la licitación de ambas administraciones (la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado) resultara ser la misma, se podría compartir determinadas infraestructuras y elementos comunes, lo que finalmente podría traducirse en costes menores para la Administración canaria.

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